El Concejo Deliberante de Rivadavia aprobó una ordenanza que establece la obligatoriedad de asegurar todos los arcos de fútbol mediante sistemas de anclaje o fijación que impidan su desplazamiento o caída.
La iniciativa busca reforzar las condiciones de seguridad en los espacios deportivos y recreativos, luego de una serie de tragedias ocurridas en San Juan durante los últimos años.
La Secretaría de Obras de la Municipalidad de Rivadavia será la autoridad encargada de controlar el cumplimiento de la medida.
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El Concejo Deliberante de Rivadavia aprobó una ordenanza que establece la obligatoriedad de asegurar todos los arcos de fútbol mediante sistemas de anclaje o fijación que impidan su desplazamiento o caída.
Ante la necesidad de extremar las medidas de prevención y evitar accidentes fatales relacionados con el desplazamiento de estructuras deportivas, la Municipalidad de Rivadavia implementó una estricta normativa que regula las condiciones de seguridad en las canchas de fútbol del departamento.
La ordenanza establece la obligatoriedad de contar con sistemas de anclaje, fijación o aseguramiento en todos los arcos de fútbol, abarcando tanto a los predios públicos como a los espacios privados, clubes, complejos, instituciones educativas, centros recreativos y comunitarios.
Prohibición de métodos caseros: Queda terminantemente prohibido utilizar elementos improvisados como piedras, ladrillos, tambores u otros objetos sin homologar para hacer de contrapeso o sostén. Para los arcos móviles, se exige el uso exclusivo de dispositivos certificados, estacas o sistemas de sujeción compatibles.
Controles y mantenimiento diario: Los responsables a cargo de cada espacio físico deberán realizar revisiones oculares antes de cada jornada deportiva y llevar a cabo inspecciones formales mensuales, conservando un registro escrito del mantenimiento y de las correcciones aplicadas.
Facultades de inspección y sanciones: La Secretaría de Obras del municipio actuará como autoridad de aplicación. Los inspectores estarán facultados para exigir documentación técnica, realizar mediciones, labrar actas e intimar a las instituciones. Ante situaciones de peligro inminente, el municipio tendrá la potestad de prohibir el uso de las estructuras o disponer la clausura preventiva del sector.
Esta decisión comunal se alinea con la creciente preocupación social y el tratamiento en el ámbito legislativo de iniciativas orientadas a salvaguardar la integridad de niños y adolescentes en predios recreativos, poniendo el foco en prevenir tragedias totalmente evitables mediante el control estricto de elementos pesados.
