La confirmación del quinto caso de coronavirus en la provincia agravó la situación penal de la médica reumatóloga, hermana del transportista enfermo de Covid-19, también infectada con el virus. La mujer, que es investigada por el delito contra la seguridad pública, entre otros, pasó de estar en la mira de una sanción económica (leve) a que le pueda recaer un castigo que contemple la prisión, aunque con la posibilidad de que sea en suspenso. La diferencia sustancial se dará si en la Justicia confirman lo que ayer informó la jefa de Epidemiología de Salud Pública, Mónica Jofré, quien indicó que, "aparentemente, el doctor (quinto caso) estuvo el 15 de mayo en contacto con el cuarto caso". De ser así, se cumpliría el supuesto más grave del artículo 203 del Código Penal. Esto es, que la actitud imprudente, negligente o la inobservancia de los deberes a su cargo de la reumatóloga habría contribuido a propagar la enfermedad, por lo que se le aplicará prisión de seis meses a cinco años (en el caso de tener una sentencia en contra) y no la pena económica que va de los 5 mil a los 100 mil pesos.

El complejo escenario que enfrenta la profesional fue confirmado por el fiscal Correccional, Roberto Mallea, quien señaló ayer en Radio Sarmiento que "la causa se agrava en cuanto a la pena, al haber un contagio pasa a tener pena de prisión, aunque cabe aclarar que se sigue dentro de los delitos culposos", esto es, que la mujer no tuvo la intención de contagiar, pero sí le produjo la enfermedad a otra persona por su actuar imprudente o negligente. Por otro lado, el delito contempla un castigo de cumplimiento condicional, ya que la pena mínima que establece el artículo 203 es menor a tres años, por lo que, de ser condenada, tiene chances de no ir a la cárcel. En cuanto al agravamiento de la figura de la propagación de la enfermedad, fuentes judiciales dijeron que contempla dos situaciones. La primera es si la persona infectada sale a la calle, por ejemplo, y no contagia a nadie. Ahí corre la sanción económica. Ahora, si de manera imprudente le transmite el virus a otros, entra a tallar el castigo de prisión.

Cabe recordar que, además del artículo en cuestión, la ministra de Salud, Alejandra Venerando, denunció a su colega por "una clara violación a los deberes de funcionario público, debido a que la doctora no actuó conforme al protocolo Covid-19, poniendo en riesgo la salud del personal del hospital y, con ello, comprometiendo la de toda la población de la provincia, configurándose el delito tipificado por el artículo 205 y 207", dice la denuncia. Según lo expuesto en la causa, la mujer incumplió las normas, ya que el 7 de mayo ingresó sin autorización al box donde estaba internado su hermano. Lo hizo primero para visitarlo y a la tarde noche para llevarlo al baño, pese a que tenía prohibido el acceso a ese sector, pues el transportista estaba aislado y tratado en un área Crítica. Además, el juez Caballero amplió la investigación, a pedido del fiscal, contra otros dos profesionales, ya que surgieron audios en los que se presume que la médica habría actuado en complicidad con otra profesional y el encargado de los vuelos sanitarios de la provincia. La cadena de favores entre los tres implicados se habría dado para traer al hermano transportista desde Buenos Aires, a espaldas de las autoridades, y para que este evite el período de cuarentena, régimen que deben cumplir todos los que ingresan a San Juan.

Por otro lado, ayer se dio a conocer que, según la obra social de los camioneros (STOTAC), la médica presionó para que el traslado de su hermano no corra por cuenta de la entidad sanitaria sino para que lo haga y pague el Gobierno (Ver recuadro).

Testimonios

18  Es la cantidad de testigos que ofreció Salud Pública en la denuncia, entre jefes de áreas, médicos y personal de enfermería.

Defensa

Roberto Dohmen, tercer abogado de la médica, señaló que la reumatóloga "actuó conforme al protocolo", ya que fue ella la que ordenó que le hicieran el hisopado a su hermano transportista. Sin embargo, dijo no tener información de que la profesional tuvo contacto con su familiar tres días después del arribo, tal cual consta en la denuncia.

• DENUNCIA DE PRESIÓN

Según contó ayer a DIARIO DE CUYO Gabriela Naveda, encargada de la obra social de STOTAC (gremio al que es afiliado el hermano de la médica), la profesional investigada presionó para que el traslado del transportista lo realice y pague el Gobierno, y no una obra social. Según indicó Naveda, "la doctora me llamó en la siesta del 24 de abril para pedirme la negativa de la obra social para que ella pudiera hacer el traslado. Porque ella no quería que nosotros nos hiciéramos cargo debido a que, según me dijo, el Gobierno iba a encargarse de traer al hombre desde Buenos Aires en el avión sanitario". Ante la insistencia de la profesional para que la obra social se despegue del caso, Naveda volvió a atenderla y le repitió que no podía hacer nada. "Me apuró y me dijo "mirá niñita" más vale que me des la negativa porque yo soy la médica de mi hermano y ya tengo todo arreglado para traerlo en el avión sanitario".

    

>> Por prevención, el Poder Judicial cerró un edificio

Una vez más, el Poder Judicial decidió cerrar todo un edificio como medida preventiva ante el Covid-19. Es que uno de los empleados del Quinto Juzgado de Paz es hijo del quinto infectado confirmado en la provincia. De esa manera, la Corte de Justicia sacó una acordada en la que plantea la suspensión de las actividades que se realizan en el inmueble que contiene a dicho tribunal, al igual que los organismos que funcionan en el mismo lugar: el Séptimo Juzgado de Paz, la Sala IV de la Cámara Civil y las Salas I y II de la Cámara Laboral.

No es la primera vez que se toma esta decisión, dado que con la aparición del polémico cuarto caso, el Juzgado de Paz de 9 de Julio estuvo sin actividades desde el martes 19 de mayo hasta el lunes 25 de ese mismo mes. El objetivo de la movida fue el mismo que en esta ocasión: evitar la propagación del virus y que aparezcan más contagiados, ya que la médica infectada tenía familiares directos que trabajan en el departamento.

El objetivo de la iniciativa es evitar la propagación del virus.

Esta vez, el personal y el público que suele ir al edificio ubicado sobre calle Tucumán 184 Sur volverán a ingresar recién el lunes que viene, ya que la medida dispuesta por la Corte comenzó a regir ayer a las 13 y se extenderá hasta mañana. En ese marco, los plazos procesales quedarán suspendidos.

Fuentes judiciales dijeron que, por la reducción de personal por la cuarentena, en el edificio hay poco menos de 100 empleados trabajando. Bajo ese marco, la Corte resaltó que para preservar la salud de todos aquellos que ingresan al lugar, se realizarán tareas de desinfección, de sanitización y de limpieza en todo el edificio.

Por otro lado, los cortistas aclararon que todas estas medidas estarán sujetas a modificaciones dependiendo de los avances que haya respecto del empleado que tuvo contacto estrecho con el nuevo caso confirmado, dado que es el hijo.