El oficialismo y bloques aliados consensuaron modificaciones clave al proyecto de ley del Ejecutivo.
El Senado de la Nación dio un paso decisivo este jueves al firmar el dictamen de comisión sobre el proyecto de reforma de la Ley de Salud Mental. La iniciativa, que habilita las internaciones involuntarias en casos de emergencia, incorpora las adicciones en general al sistema sanitario y ratifica la prohibición de crear manicomios, quedó lista para ser debatida en el recinto la próxima semana.
El acuerdo fue alcanzado en un plenario de las comisiones de Salud y de Legislación General, tras un consenso entre el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA), la UCR, el PRO, Movimiento por Misiones y Moveré Santa Cruz. Para destrabar el proyecto original enviado por el Poder Ejecutivo, fue necesario aplicar sustanciales modificaciones solicitadas por las bancadas aliadas y los representantes provinciales.
Durante el debate, legisladores oficialistas y aliados defendieron las reformas alcanzadas. Desde el bloque de La Libertad Avanza, la senadora Patricia Bullrich remarcó la importancia de actualizar el marco normativo:
«Estamos reformando un concepto respecto a qué sucede con personas con trastornos de salud mental que no están en condiciones de tomar decisiones y representan un riesgo. Hay una concepción mucho más preventiva, un cambio de paradigma para salvar vidas», enfatizó Bullrich.
Por su parte, la senadora Ivanna Arrascaeta destacó que el texto incorporó informes de 16 provincias y las exposiciones de más de 70 especialistas. En contraste, desde la oposición, el senador peronista Jorge Capitanich solicitó postergar el tratamiento para analizar el impacto presupuestario y la capacidad de financiamiento de los ministerios de Salud provinciales.
El nuevo dictamen introduce transformaciones operativas e institucionales profundas respecto a la ley vigente:
Internación involuntaria por emergencia: Podrá ser dispuesta por un médico (sin la exigencia de que sea exclusivamente psiquiatra) ante un «riesgo grave de daño para la vida o la integridad física propia o de terceros».
Revisión interdisciplinaria: Un equipo de salud tendrá un plazo de 48 horas para revalidar la medida, habilitándose la opción de realizar teleconsultas con psiquiatras.
Notificación a la Justicia: La internación se comunicará al fuero judicial de manera informativa, eliminando la intervención previa de un juez como condición de origen.
Inclusión de adicciones y ludopatía: Se amplía la cobertura legal para incluir a las adicciones dentro del tratamiento de salud mental, permitiendo el abordaje de problemáticas como la ludopatía.
Atención infanto-juvenil: Los menores de edad deberán ser atendidos por equipos especializados y permanecer internados en espacios totalmente separados de los adultos.
Plan de egreso y red familiar: Se exigirá un plan de alta médica desde el momento del diagnóstico y se notificará con anticipación a familiares o tutores legales.
Financiamiento federal: Se establece un mecanismo de cooperación económica entre la Nación y las provincias para fortalecer los recursos humanos e infraestructura sanitaria.
