El incremento en las tarifas de la luz, que los usuarios empezarán a recibir en las boletas que llegarán a fines de octubre, rondará entre el 1,75 y el 2,5%, según dieron a conocer los especialistas del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE). Ese fue el resultado de la segunda audiencia pública de revisión del año, que tuvo lugar ayer en el salón del Centro de Formación Docente Margarita Ferrá de Bartol. La suba es la más baja desde la aplicada en febrero de 2011, es decir hace 6 años y medio, que fue del 0,4%, aunque en el medio hay una historia primero de congelamiento de los valores y después de una escalada paulatina de la facturación.
La definición sobre el porcentaje definitivo que se aplicará será tomada el miércoles de la semana próxima, según adelantó el titular del EPRE, Jorge Rivera Prudencio. Y llegará también a los usuarios de Caucete, departamento que tiene su propia distribuidora, que es Decsa.
Se trata de la segunda suba del año, ya que la anterior, que rondó el 4,2%, se aplicó a partir de julio pasado, tras la primera audiencia de revisión tarifaria del año, en abril.
Ahora, la pretensión de la empresa Energía San Juan era de un incremento del 4%, pero luego de los análisis y estudios de los especialistas del EPRE se estima que no superará el 2,5%.
La mejora
5 Es la cantidad de millones de pesos extra que la distribuidora de energía recibirá por mes si se autoriza una suba tarifaria del 2,5%.
Cada vez que los precios se disparan, superando un porcentaje del 2,5%, el organismo regulador debe convocar a audiencias públicas para ajustar el valor agregado de distribución (VAD), un número de alcance exclusivo de las distribuidoras locales, por fuera de los valores de transporte y generación que son resorte nacional.
En la audiencia de ayer, una de las observaciones que le formularon a la empresa distribuidora de la energía fue por la contratación de obras sin licitaciones o concurso de precios (ver aparte).
Después del congelamiento de tarifas dispuesto por el Gobierno nacional, el primer incremento local que efectivamente llegó al usuario sanjuanino en tres años fue en junio del año pasado. La suba anterior había sido del 11,2%, dispuesta en junio de 2013 y comenzó a reflejarse en las boletas de septiembre de ese año. Después se hicieron audiencias públicas en los años 2014 y 2015 pero los incrementos establecidos entraron en la prórroga del congelamiento tarifario dispuesto por la Nación. En el medio, en febrero del 2016, se registró una suba que, en el caso de los usuarios residenciales, fue de entre el 47,6 al 117%. Fue por una resolución del Ministerio de Energía de la Nación.
El primer incremento de este año, que se comenzó aplicar con la facturación que llegó en julio para los usuarios residenciales, no fue igual para todos los sectores. Por ejemplo, para las empresas, el incremento fue a partir del 22 de enero de este año. Pero la gente no lo percibió porque a la distribuidora se le abonaron 40 millones de pesos del Fondo de Contención Tarifaria, que el Gobierno provincial decidió destinar como subsidio. Fue la primera vez que la provincia lo hizo, es decir destinar un subsidio para cubrir la diferencia entre lo que paga la gente y lo que debería cobrar la distribuidora. Ese monto tiene su origen en dinero que ingresó al fideicomiso de la línea de 500 kV, por unos títulos que había comprado la provincia.
A la hora de las exposiciones de las entidades participantes en la audiencia, la Cámara de Diputados de la provincia pidió por nota asegurar la tarifa mínima para los usuarios y la sustentabilidad del servicio. Y la representante de Conciencia, Dora Correa, le pidió a la distribuidora que revise el estado de los postes del alumbrado porque algunos están en mal estado y representan un peligro.
Sin apelación
Debido al mecanismo de audiencias públicas dispuesto para definir el incremento tarifario a aplicarse en la provincia, el aumento que defina el EPRE será de cumplimiento obligatorio tanto para Energía San Juan como para Decsa en Caucete y no habrá lugar para la discusión de ese porcentaje.
Las observaciones
Uno de los planteos que le formularon a la empresa Energía San Juan fue que debe completar la presentación de los informes de las contrataciones realizadas desde el 2016 por encima de los 100.000 pesos. Es que a partir de esa suma la compañía deberá realizar licitaciones o concursos de precios pero, en la práctica, eso no ocurre. “Solo alrededor de un 20% de las obras se han hecho por concurso de precios o licitaciones”, dijo Rivera Prudencio. Según el presidente del EPRE, si no se aplica ese sistema “no se puede determinar si los montos pagados a los contratistas son razonables”.
Otra observación tuvo que ver con los préstamos que ha tomado la distribuidora, “a tasas que están por encima de las del mercado”, dijo el presidente. Sostuvo que se trataba de una actitud “especulativa” y que incluso en la audiencia de revisión tarifaria anterior la empresa no había informado que había tomado un nuevo crédito por 250 millones de pesos.