En la audiencia el grueso de los expositores criticó que la minera que invertirá tenga prioridad por los beneficios de la obra por 25 años.
La empresa Vicuña completará dos obras eléctricas clave para la provincia, pero el debate sobre su uso generó diferencias.
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Una buena noticia, que la empresa minera Vicuña Argentina SA invertirá en la construcción de una línea eléctrica nueva y la mejora de una existente, generó cruces entre actores públicos y privados. Que la compañía decida desembolsar los fondos para la obra fue algo que todos celebraron, pero surgieron críticas porque el proceso no tuvo en cuenta a proyectos que antes invirtieron y otros que desarrollarán su actividad, utilizando parte de esta infraestructura.
En 30 días la audiencia pública que solicitó el EPRE y otros actores tendrá una resolución. Mientras tanto, desde Vicuña piden que se mantenga lo que aprobó el ENRE antes, que es que ellos obtendrán prioridad de uso en el 90% de la capacidad nueva y alertan que sin la línea no pueden avanzar y que de esta depende no solo la factibilidad del proyecto, sino el cronograma de trabajo planteado. Pero, entre los pedidos que hicieron los actores participantes quedaron varios puntos que resta resolver.
Es que en el mejor de los casos habrá inversiones en infraestructura pública de San Juan, que se hará con fondos de las empresas mineras. Pero el cruce dejó en claro que todavía queda definir cómo serán las compensaciones por lo ya construido, cómo se incorporarán nuevos actores beneficiarios y cómo se planificará el desarrollo de la provincia, una vez que el cobre se convierta en una realidad.
Entre los factores de origen está que no es la primera vez que en San Juan los proyectos aportan para la construcción de infraestructura. Al inicio de la minería del oro, la provincia no tenía una conexión a 500 KV con el sistema interconectado nacional (SADI). A través de una serie de acuerdos los proyectos Gualcamayo, Veladero y Casposo invirtieron 183,3 millones de dólares en la red actual. Roberto Ferrero, presidente del EPRE, dijo que “permitir que un nuevo actor disponga de la infraestructura sin internalizar costos vulneraría a las empresas que ya participaron”.
A estos inversores les otorgaron prioridad de uso, pero no en todos los casos las empresas tuvieron acceso a esos beneficios. El caso emblemático es el de Veladero, que aportó alrededor de 70 millones de dólares y luego tuvo que conectarse a la red eléctrica chilena con otra obra. Esta empresa y Gualcamayo, respaldados a su vez por el EPRE, señalaron que si por construir nuevas obras Vicuña tiene una prioridad de acceso tan amplia, tendrá un beneficio que ellos no tuvieron en su momento, cuando firmaron acuerdos a principios de los 2000.
A su vez, estas obras tuvieron aportes públicos, tanto de fondos provinciales y nacionales como los que aportó la población a través del fondo PIEDE en las facturas de energía. Por eso la infraestructura actual, a la que Vicuña pretende sumarle mejoras para ampliar su capacidad, es uno de los ejes de la discusión actual. En especial, se trata del tramo de línea de 500 kV ya construido que va entre la ET Nueva San Juan y la ET Rodeo.
Los actores que participaron de la audiencia criticaron que no está resuelto en la versión original de la resolución del ENReGE (ex ENRE) cómo va a compensar la minera de cobre la infraestructura que le permite avanzar con sus nuevas obras. A su vez, están las críticas de parte de los nuevos actores que ya están incorporándose al mapa minero, como Los Azules y Hualilán. Estos proyectos reclaman que si el 90% de la nueva capacidad va para una minera, sin posibilidad de revisar los términos, afectará sus oportunidades futuras.
Entre los disertantes más duros estuvo el representante de Los Azules, Miguel Gil, quien también señaló imprecisiones técnicas en el pedido que hizo Vicuña. El referente técnico criticó que algunos de los valores que presentó Vicuña no están claros y no son precisos. "Asignar el noventa por ciento de un setenta y uno por ciento de un número que no fue auditado, bajo una hipótesis que la propia CAMMESA reconoce como simplificada, y por veinticinco años, no es regulación. Es transferir un activo público a un privado sin fundamento técnico verificable", señaló.
Uno de los actores centrales en la discusión es el EPRE, que está a cargo del diseño de la infraestructura eléctrica y que se respeten las necesidades de todos los actores, no solo del usuario que hará la construcción. El presidente del ente, Roberto Ferrero, dejó dos pedidos a futuro: que Vicuña suscriba a los acuerdos previstos en la ley, como hicieron las otras mineras, internalizando “los costos de mitigación de la demanda eléctrica que incorpora” y “que las capacidades de transporte que exceda las necesidades de Vicuña Argentina SA quede disponible para el resto de la provincia”.
La postura de la minera se basa tanto en que aportarán la totalidad de los fondos para una obra que luego pasará al Estado, sino también en sus necesidades y que hace dos años iniciaron las gestiones, teniendo hasta ahora todo aprobado. Es que sin línea eléctrica Vicuña no puede iniciar, ya que depende de la conexión. Incluso señalaron que en sus siguientes fases de desarrollo requerirán más infraestructura eléctrica. Las obras solo para lo que plantearon hasta ahora demorarán cerca de dos años y por eso pidieron que se respeten los 30 días planteados en la audiencia, a fin de continuar con el cronograma que tienen.
En el centro de la discusión que reflejó la audiencia pública solicitada por el EPRE está el hecho de que las obras que hará Vicuña pasarán a ser infraestructura pública. Tanto la mejora en la ET Nueva San Juan, la ampliación de la capacidad de la ET Rodeo, que electrificará la línea actual a 500 kV, como la nueva línea y ET Chaparro pasarán a ser gestionadas por Transener, porque se convertirán en infraestructura pública.
Esta obra no será la única que necesitará San Juan para desarrollar su actividad minera. Para que los proyectos de cobre que están avanzando, Vicuña, Los Azules, El Pachón y Altar, además de los de oro como Veladero, Hualilán, Gualcamayo y Casposo, la provincia necesita tener una red con más de una conexión al SADI. A esto se suman otros cuellos de botella de infraestructura, como rutas, pasos cordilleranos o hasta la red ferroviaria.
Entre los expositores estaba Gerardo Rabinovich, representante del Instituto Argentino de la Energía, quien planteó una problemática de base. Según dijo, la actual estructura normativa para las inversiones no alienta a que se creen más y mejores obras de transporte eléctrico. “El régimen de acceso abierto permitió que se genere el fenómeno de free riding, muchos actores económicos se benefician de ampliaciones realizadas sin asumir costos”, señaló el especialista.
En el marco de la audiencia se pudo ver que los actores que invirtieron antes, San Juan y proyectos mineros, señalaban un problema de naturaleza similar. A su vez, si Vicuña invirtiera para generar la infraestructura y de esta generaran beneficios otros actores, podría repetirse el problema.
No hubo una conclusión concreta de cómo se evitarán beneficios excesivos de un lado u otro de la mesa, aunque sí hubo actores que dejaron propuestas. El EPRE pidió que sea a través del acuerdo, similar al que firmaron las otras empresas, que solucione la situación, además de prever que la capacidad que no necesite la empresa esté disponible.
Los municipios Jáchal e Iglesia sumaron pedidos de que se garantice capacidad eléctrica para otras industrias y también revisiones periódicas, en lugar de una prioridad a 25 años. En este último punto se sumó la titular de Hualilán, Sonia Delgado. Los proyectos que ya invirtieron reclamaron que se respeten sus derechos ya adquiridos, que son compensaciones por sus inversiones hace más de dos décadas. Mientras tanto, Los Azules criticó que no se haya incorporado a otros proyectos a la discusión.
La resolución de este cruce puntual podría darse dentro de 30 días cuando la autoridad nacional revise su resolución y diga si Vicuña puede o no tener prioridad tan amplia y en qué condiciones. Pero en paralelo, San Juan necesitará tener una ruta de acción ante estos escenarios de inversión privada que son estratégicos para su crecimiento.