Foto: Diario El Mundo

Carlos Fernández, el español que detuvo la Policía Federal en las últimas horas tiene en su haber una historia muy pesada en su país que provocó que decida fugarse en 2006 porque de otra manera terminaba preso, explicaron fuentes policiales. La causa en la que está metido este hombre es la tan mentada 'Malaya', un hecho de corrupción de alto impacto en España que derivó en la detención de varios políticos y incluso llevó a la cárcel a la conocida cantante Isabel Pantoja.

Se sabe que en 2006 llegó a la Argentina y de ahí le habían perdido el rastro. Tenía pedido de captura internacional librado por Interpol , pero en las últimas horas fue hallado y detenido por la Policía Federal. ¿Qué hacía en San Juan? El hombre, al menos de lo que se conoce, despuntó el vicio en el país como asesor político y desde hacía varios años vivía en San Juan.

Según publica el Diario de Sevilla, Fernández era con concejal andalucista de Marbella que había huido de la Justicia en junio de 2006 cuando iba a ser detenido en el transcurso de la operación Malaya, tratando -aseguran- de que caduquen los procedimientos judiciales que tiene abiertos en España.

Fue figura destacada en la moción de censura que reunió a ediles andalucistas, socialistas y a parte del GIL afecto al fundador de aquella formación en la moción de censura que acabó con el Gobierno municipal de Julián Muñoz, tiene pendientes tres órdenes de detención por delitos que previsiblemente han prescrito, de ahí su interés porque se reconozca que se trata de hechos penalmente caducados. Ese reconocimiento le abriría las puertas para volver a España como un hombre libre.

El día de la sentencia que llevó a la cárcel a Isabel Pantoja y otros funcionarios españoles

La primera orden de detención la firmó el juez instructor del caso Malaya contra la corrupción político urbanística en Marbella el 29 de junio de 2006. El magistrado, de acuerdo con el auto de procesamiento por los delitos de cohecho, prevaricación, malversación y fraude que firmó años después, acusó a Fernández de haber recibido 150.000 euros en sobornos de Juan Antonio Roca. Estos delitos prescribían 10 años después, o sea a finales de junio de 2016.

Sin embargo, no eran las únicas causas pendientes. Además, pesaban contra él otras dos órdenes de detención dictadas en noviembre de 2006 y febrero de 2007 por prevaricación urbanística y coacciones. Además, tiene una condena de dos años de prisión por malversación.