El sorpresivo allanamiento en la Seccional 17ma y las detenciones del comisario, de dos oficiales y tres suboficiales no hicieron más que revelar el accionar de una presunta mafia policial que aparentemente daba protección a delincuentes, tenía nexos con narcos, manejaba droga para distintos fines y hasta posiblemente ‘plantaban’ pruebas para cerrar casos, como el del asesinato de la mujer baleada en el corso de Chimbas. Las escuchas telefónicas ordenadas por el juez federal Leopoldo Rago Gallo así lo demuestran, o al menos dan un serio indicio de las maniobras ilícitas que cometían a la par de su función de brindar seguridad en la zona Norte de ese departamento. El secuestro de droga, proyectiles de distintos calibres y celulares dentro de la comisaría, y no declarados, son también muestra de lo que pasaba en esa dependencia y que muchos desconocían.

En la mira están el comisario Rodolfo Andrada junto a los oficiales Fabián Olivera y Franco Cristofoletti, el cabo Martín Tello y los agentes Juan Figueroa y Juan Poblete, además de un presunto vendedor de droga, ahora todos detenidos por orden del juez Leopoldo Rago Gallo. Lo que empezó como un desprendimiento de la investigación por los supuestos ‘narcos policías’ de la Departamento Drogas Ilegales, en abril pasado, puso al descubierto al cabo de un año el accionar cuasi mafioso de algunos policías de la Seccional 17ma. Para ello fueron fundamentales las escuchas telefónicas dispuestas por el Juzgado Federal a los policías, hoy imputados.

En algunos de esos audios, cuyos contenidos tuvo acceso DIARIO DE CUYO, indican cómo trabajaba el ‘personal de calle’ de esa comisaría. En una de las escuchas, registrada en septiembre de 2016, un cabo de policía acordaba con un supuesto delincuente la llegada de algo, que se cree sería droga, para hacer negocios. En otra, de enero último, queda en evidencia la tratativa de dos policías que hablaban sobre un allanamiento y la posibilidad de ‘plantar’ droga que tenía en su poder. En un tercer audio del 6 de febrero último, del diálogo de dos efectivos surge que buscaron un revólver y balas para atribuírselo a Miguel Tapia, el detenido por el asesinato de María Bugueño. En la mayoría de esas escuchas aparece el cabo Martín Tello, una especie de mano derecha del comisario Rodolfo Andrada, jefe de la dependencia.

Eso explica los allanamientos de ayer dispuestos por el juez Rago Gallo, y ejecutado por Gendarmería. Los procedimientos confirmaron las sospechas: en dos armarios de la comisaría hallaron algo de 100 gramos de marihuana, como también municiones de armas que no utiliza la Policía y numerosos celulares, no declarados, confirmó el mismo magistrado.

Una parte de la causa, la vinculada a la droga, va a seguir en Juzgado Federal. Otra ya fue girada al juez de instrucción Pablo Flores y es la referida al arma que ‘aparentemente’ plantaron al acusado del crimen de Bugueño. Sobre esto último, Flores dijo ayer a este diario que esa ‘es una prueba secundaria’ en el caso.

El crimen de María Bugueño

Uno de los asuntos más espinosos que revelaron las escuchas ordenadas por el juez federal es la supuesta fabricación de una prueba para complicar al sospechoso de haber matado de un tiro a María Bugueño (49) en la fiesta del carnaval en la Villa El Salvador, Chimbas. El 4 de marzo pasado, la mujer salió a despedir a una pariente y a unos metros dos grupos se peleaban. Uno de los contrincantes disparó a sus rivales, pero la bala dio en la mujer, que murió el 10 de marzo.

Los policías de la seccional 17ma apresaron a Miguel ‘Tarrito de Grasa’ Tapia (19) porque -aseguraban- fue reconocido por testigos. Lo sospechoso ahora, según las escuchas, es que el arma supuestamente usada no es la del crimen y sí una que le ‘plantaron’ a Tapia. El juez Pablo Flores es el encargado de resolver cómo termina el caso.