La investigación para determinar por qué un niño de 8 años pasó tres días en terapia intensiva, en octubre de 2021, luego de que lo encontraran colgado de un cinto atado a un alambre en el patio de una casa -eso dijo su padre y su abuela paterna-, derivó en una denuncia penal de la madre del chico para saber la verdad. Y ayer se celebró una audiencia con mucha polémica, ya que a través de sus abogados la mujer reclamó para que la UFI de Delitos Especiales dirigida por el fiscal Francisco Micheltorena, explique por qué 'no quiso investigar las medidas de prueba que le propusieron', pues están convencidos de que alguien pudo atacar al menor, sin descartar que quisieran matarlo.

'Mi hijo pasó tres días en terapia intensiva y al menos 11 más en sala común. El hecho habría ocurrido como a las cuatro de la tarde y me avisaron como cinco horas después. Mi hijo recién pudo despertar al otro día y cuando le pregunté sólo me dijo que no recordaba, me habló de que jugaba y de una escalera. Yo no creo que se hubiera querido matar y más de la forma que dicen, colgado de un cinto que un niño no podría atar y a 1,80 metros. Acá hubo otra cosa y quiero que se sepa la verdad', dijo la joven de 36 años.

Según la mujer, luego de ese episodio, en un Juzgado de Familia decidieron quitarle la tenencia del menor y dársela a su padre, porque consideraron que ella pudo haber influido o llevado a su hijo a tomar la decisión de terminar con su vida.

También aseguró que, cuando desde Fiscalía citaron a la actual pareja de su ex, la mujer se fue a Ushuaia con sus dos hijos, incluido un niño mayor que su hijo que, cuatro años antes del supuesto ahorcamiento, había atacado a su nene.

'El menor fue víctima de un ataque muy grave y no puede ser que no les importe la calidad de vida ni se empatice con los riesgos que corren los niños', dijo Silvia García Gutiérrez, que representa a la madre del niño junto con Martín Zuleta.

RECHAZO FISCAL

El fiscal negó de plano que no quisieran investigar ese hecho, denunciado penalmente el 8 de noviembre de 2022. Y a renglón seguido explicó que de toda la averiguación previa encarada, se desprendió que el niño sufrió lesiones leves y que se decidió enviar el caso a la Unidad Conclusiva de Causas, porque que allí eran competentes para intervenir y no la UFI de Delitos Especiales. Pero desde la Unidad Conclusiva derivaron todo a la UFI CAVIG, dijeron fuentes judiciales.

Micheltorena también explicó que desestimaron la denuncia de la madre del chico, para investigar por falso testimonio a los testigos ofrecidos por el padre de su hijo para demostrar que ella lo maltrataba. Y aclaró que la audiencia de ayer no debió concretarse, porque la Parte Querellante tenía 3 días de plazo para reclamar ante un fiscal superior y no lo hizo. Por lo tanto -dijo- su decisión de no intervenir estaba firme desde julio pasado.

Hubo un momento en que la jueza llegó a tomarse la cabeza para poder entender si estaba justificado que ella interviniera o no en la causa. El inicial desconcierto de la magistrada ocurrió en medio de los polémicos cruces entre Fiscalía, Parte Querellante y también la representante de la Defensa Oficial, Mariela Ordoñez, quien pidió no avanzar más, ya que de lo explicado por las otras partes se desprendía que había un posible imputado identificable (el padre del niño), que debía ser notificado y presentarse en Tribunales para defenderse.

Luego de escuchar a todos y pedir aclaraciones, la jueza decidió suspender la audiencia porque consideró que el fiscal Micheltorena ya no era competente para intervenir. Y cuestionó abiertamente a la Oficina Judicial por fijar una audiencia, sin seguir el procedimiento establecido por la Corte de Justicia para el trámite de los casos.

Ahora, la joven madre y sus abogados irán a la UFI CAVIG para encontrar respuestas.