Este miércoles, la situación judicial de Franco Maurín Vargas, conocido barrabrava de San Martín de San Juan, se agravó tras una nueva audiencia de revisión de medidas cautelares, en la que se le sumó una nueva imputación por romper la tobillera electrónica que debía portar mientras cumplía prisión domiciliaria. Lo hizo durante un situación extrema, debido a que su pareja, que cursaba un embarazo de riesgo, se empezó a sentir mal y no había nadia que pudiera llevarla a un centro de salud.
Maurín Vargas permanece detenido en el marco de una causa relacionada con la violenta interna de la hinchada verdinegra, y si bien días atrás ya se le había extendido la prisión preventiva por dos meses más, ahora quedó formalmente imputado por el delito de daño y alteración del sistema de control electrónico, hecho ocurrido el 29 de diciembre.
Durante la audiencia de este miércoles, el fiscal Alejandro Mattar expuso que la rotura de la pulsera electrónica se produjo en un contexto personal delicado. Según se indicó, la pareja del imputado cursaba un embarazo de riesgo y habría comenzado a sentirse mal, por lo que necesitaba ser trasladada de urgencia a un centro de salud. En ese marco, el barrabrava rompió la tobillera para poder asistirla.
A raíz de este episodio, el Ministerio Público Fiscal solicitó modificar la modalidad de detención, que pase al penal de Chimbas, aunque finalmente el juez Mariano Carrera resolvió que continúe bajo prisión domiciliaria, pese a la nueva imputación. El magistrado consideró que no hubo intenciones de fuga.
Antecedentes en la interna verdinegra
Maurín Vargas está involucrado en la interna que enfrenta a los grupos “La Banda del Pueblo Viejo” y “La Nueva Generación”, dos facciones rivales de la hinchada de San Martín. En la audiencia de formalización realizada en octubre de 2025, fue acusado de golpear violentamente a un hombre, motivo por el cual Fiscalía le imputó los delitos de amenaza simple y daños, en calidad de autor.
En aquella oportunidad, la defensa solicitó que la prisión preventiva se cumpliera bajo modalidad domiciliaria, argumentando que su pareja atravesaba un embarazo avanzado y que él era el único sostén económico del hogar. Fiscalía había requerido un año de Investigación Penal Preparatoria y tres meses de prisión preventiva, plazo que venció el 7 de enero, derivando en la extensión de la medida por dos meses más.
Con la nueva imputación por la rotura de la tobillera electrónica, la situación judicial del barrabrava se complica aún más, y continuará detenido en su domicilio por al menos dos meses, mientras la causa avanza en la Justicia.