El Ministerio Público Fiscal informó una propuesta de reparación integral presentada por los imputados en la causa por presuntas estafas del Caso Branka Motors.
El fiscal Eduardo Gallastegui informó a los denunciantes los detalles de la presentación que hizo la defensa de los dueños de Branka Motors para reparar el perjuicio económico.
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En el marco de la investigación penal por presuntas estafas vinculadas al Caso Branka Motors, el Ministerio Público Fiscal dio a conocer una propuesta de reparación integral presentada por la defensa de los imputados, la cual fue aceptada por una amplia mayoría de los denunciantes.
La iniciativa presentada por los hermanos Jonathan y Alexis Marcó junto a su socio Facundo Benega, a través de su abogado José Tejada, contempla la devolución total del monto estimado del perjuicio económico, que asciende a 540 millones de pesos —compuesto por 509 millones de capital más 31 millones en intereses— a favor de 357 personas damnificadas.
Según informaron desde Fiscalía, 347 denunciantes aceptaron inicialmente la propuesta y durante la semana se sumaron nueve más, lo que representa una adhesión mayoritaria al acuerdo planteado.
El esquema propuesto establece un plan financiado a 120 días, dividido en cinco cuotas, comenzando la primera 15 días después de una eventual homologación judicial.
Además, la propuesta contempla garantías sobre bienes muebles e inmuebles de los imputados con el objetivo de asegurar el cumplimiento del acuerdo económico.
Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que la reparación integral se limita al aspecto penal del proceso, por lo que no afecta eventuales acciones civiles que puedan iniciar los damnificados.
Cabe señalar que con anterioridad los acusados habían presentado dos propuestas reparatorias, aunque ambas eran por montos inferiores al total del perjuicio estimado.
Debido a que en ese momento no se alcanzó un acuerdo con los denunciantes, la negociación se dio por cerrada y la causa avanzó con la formalización del proceso penal y la detención de los imputados, en el marco de la investigación.
Para llegar a esta instancia, el equipo fiscal realizó un exhaustivo análisis financiero y patrimonial. Durante la investigación se examinaron informes provenientes de centenares de entidades crediticias con el objetivo de reconstruir los movimientos bancarios y determinar la trazabilidad del dinero.
Además, se llevaron adelante 12 allanamientos y un relevamiento detallado de bienes que podrían servir como garantía para responder económicamente ante los damnificados.
La causa es llevada adelante por el fiscal Guillermo Heredia, junto con el equipo de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, integrado por los ayudantes fiscales Gabriela Blanco y Mauricio Flores, y las colaboradoras Julieta Luluaga y Johana Madeo.
Desde el MPF destacaron que en un plazo de 40 días desde la primera denuncia se desarrolló una intensa tarea investigativa orientada no sólo al avance de la causa penal, sino también a buscar una reparación concreta del daño sufrido por las víctimas.
Actualmente, la propuesta deberá ser analizada por la jueza de Garantías, Carolina Parra, quien tendrá la responsabilidad de evaluar los términos del acuerdo y determinar si corresponde o no su homologación judicial.
En caso de ser aprobada, se pondrá en marcha el esquema de pagos destinado a restituir el dinero denunciado como perjuicio económico a los damnificados.