18 de noviembre de 2026 - 17:56

Caso Brisa Gallardo: declararon inconstitucional el decreto que daba prioridad de paso a quienes circulaban por avenidas

El Tribunal de Impugnación Penal de San Juan hizo lugar parcialmente al planteo de la defensa de Mateo Argüello Medawar, imputado por la muerte de la joven en un choque ocurrido en agosto.

La resolución respondió a un recurso presentado por la defensa de Mateo Joaquín Argüello Medawar, imputado por homicidio culposo por la conducción imprudente de un vehículo con motor. El planteo cuestionaba que una disposición del Poder Ejecutivo provincial pudiera modificar el régimen de prioridades establecido por la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

Sin embargo, la decisión no implica el cierre de la investigación ni una absolución del imputado. El Tribunal dispuso que la Fiscalía podrá readecuar la imputación conforme al régimen de la legislación nacional, mientras se mantiene vigente la formalización de la causa.

El choque que terminó con la vida de Brisa Gallardo

El hecho ocurrió en la intersección de calle Catamarca y avenida José Ignacio de la Roza, en Capital. Según la reconstrucción incorporada al expediente, Gallardo circulaba en una motocicleta por Ignacio de la Roza, de oeste a este, mientras que Argüello Medawar conducía un Peugeot 3008 por Catamarca, de sur a norte.

Ambos vehículos colisionaron en el cruce y, como consecuencia del impacto, la joven falleció.

Durante la audiencia de formalización, realizada el 4 de septiembre, el Ministerio Público Fiscal atribuyó al conductor el delito de homicidio culposo, previsto en el artículo 84 bis del Código Penal. La acusación fundamentó la presunta imprudencia en que habría omitido ceder el paso al atravesar una avenida, de acuerdo con el artículo 41 inciso d) del Decreto Provincial 250-R/2006.

La defensa, encabezada por el abogado José Beltrán Bengoa, planteó entonces la inaplicabilidad y la inconstitucionalidad de esa disposición. Su argumento central fue que la Ley Nacional 24.449 establece como regla la prioridad de quien circula por la derecha y contempla excepciones específicas, entre las que no incluye el hecho de atravesar una avenida.

Por qué el Tribunal declaró inconstitucional el decreto

En su resolución, el Tribunal consideró que San Juan adhirió íntegramente a la Ley Nacional de Tránsito mediante la Ley Provincial 528-R y que, al hacerlo, incorporó a su legislación el régimen de prioridades establecido en el artículo 41.

Para los magistrados, si la Provincia pretendía modificar esa regla, debía hacerlo mediante una ley formal sancionada por la Legislatura y no a través de un decreto del Poder Ejecutivo.

El fallo sostuvo que el artículo 41 inciso d) del Decreto 250-R/2006 excedió las facultades reglamentarias del Ejecutivo provincial, al incorporar una excepción que no estaba contemplada en la normativa nacional a la que San Juan había adherido.

En ese sentido, el Tribunal aclaró que no cuestiona la potestad de las provincias para regular el tránsito ni sus facultades de policía en materia de seguridad vial. El problema, según la resolución, radica en el mecanismo utilizado para introducir una modificación al régimen legal vigente.

La defensa también había invocado antecedentes de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial y de Minería de San Juan, entre ellos los fallos "Balmaceda", "Espejo", "Corzo", "Aguiar Arévalo" y "Zalazar", en los que se cuestionó la validez del mismo decreto.

Además, sostuvo que existía una contradicción entre los criterios aplicados por los fueros civil y penal y que debía prevalecer la interpretación más favorable al imputado ante una eventual duda normativa.

Por su parte, la Fiscalía y la querella se opusieron al planteo. Argumentaron que la regulación del tránsito es una facultad reservada a las provincias y que la Ley 528-R habilitó al Poder Ejecutivo a dictar reglamentaciones para adaptar la normativa nacional a las particularidades locales.

También defendieron que la prioridad de las avenidas responde a razones de seguridad vial, debido al mayor volumen de circulación que suelen concentrar esas arterias.

Qué pasará con la causa contra Argüello Medawar

Con la declaración de inconstitucionalidad, el Tribunal hizo lugar parcialmente al recurso de la defensa y habilitó al Ministerio Público Fiscal a readecuar la imputación bajo las disposiciones de la Ley Nacional de Tránsito 24.449, sin que eso signifique que la investigación deba finalizar.

La querella, representada por la abogada Julieta Campillay Fernández, había solicitado que también se investigaran otros aspectos de la conducción del imputado, como la velocidad a la que circulaba, su capacidad de percepción, las maniobras de frenado y el cumplimiento del deber general de cuidado.

Ese planteo apunta a que la eventual responsabilidad penal no quede limitada exclusivamente a la discusión sobre quién tenía prioridad de paso en la intersección.

Por otra parte, el Tribunal declaró inadmisible por extemporáneo el recurso presentado por la querella para solicitar la inhabilitación provisoria de Argüello Medawar y la retención de su licencia de conducir.

La impugnación había sido presentada el 14 de septiembre, cuando el plazo legal de tres días para recurrir la resolución del 4 de septiembre ya había vencido. Por ese motivo, el planteo no fue tratado.

De esta manera, el fallo introduce un cambio importante en el marco normativo de la causa por la muerte de Brisa Gallardo, aunque todavía resta determinar cómo continuará la investigación y qué elementos permitirán establecer las eventuales responsabilidades por el siniestro fatal.

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