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Lo que comenzó como una acusación que le cambió la vida terminó dándose vuelta por completo. Un carpintero de 60 años, residente en Rawson, inició acciones penales contra su joven vecina de 22 años luego de que la Justicia confirmara que el abuso sexual del que lo señalaban nunca existió. También denunció a la madre de la muchacha por falso testimonio, al considerar que ambas sostuvieron una versión fabricada para perjudicarlo.
El conflicto se remonta a diciembre de 2024, cuando la joven se presentó en la UFI CAVIG y aseguró que el hombre la había manoseado en la vía pública. Según su relato, el ataque ocurrió en calle San Lorenzo, a metros de la carpintería del acusado, mientras regresaba a su casa en Villa Estornel acompañada de su madre. Esa misma versión fue ratificada por la mujer, dando origen a la imputación.
En febrero de este año, el caso avanzó al punto de que un fiscal de CAVIG formalizó la acusación por abuso sexual simple. Sin embargo, la investigación empezó a mostrar inconsistencias desde su base. La Clínica Santa Clara —donde la denunciante dijo haber estado internada antes del presunto ataque— informó que no existía ningún registro de su ingreso. Ese dato derrumbó el punto de partida de todo el relato.
A ello se sumaron pericias psicológicas contradictorias, excusas para evitar citaciones y videos aportados por la defensa en los que se veía a la joven merodeando voluntariamente la zona de trabajo del carpintero. Con esos elementos, el fiscal Leonardo Arancibia concluyó que no había pruebas mínimas para sostener la denuncia y pidió el sobreseimiento total.
La jueza Gloria Verónica Chicón coincidió con ese análisis y resolvió que “el hecho investigado no se ha cometido”. Además, ordenó que se abriera una investigación contra la denunciante, de apellido Flores, por falsa denuncia, y contra su madre, Amarfil, por presunto falso testimonio.
Tras su desvinculación definitiva del caso, el carpintero decidió avanzar por su cuenta y presentó una denuncia penal contra ambas mujeres. El expediente quedó ahora en manos de la UFI Genérica, que deberá determinar si efectivamente existió una maniobra para perjudicarlo deliberadamente. Según el hombre, la acusación infundada le generó meses de angustia y preocupación que todavía intenta superar.