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Una insólita explicación marcó el conflicto entre una mujer y un mecánico en Caucete, que terminó en la Justicia. “Tuve que desarmar todo” o “El repuesto no se consigue”, son los típicos argumentos que dan los mecánicos para justificar la demora de un arreglo. Pero este no es el caso y la demora fue significativamente grande, a tal punto que la damnificada denunció una estafa.
Jonathan Nahuel Ibáñez, el acusado de fraude, aseguró a su clienta que el propietario del taller había fallecido, en medio de las demoras para reparar el vehículo, a pesar de contar con todos los repuestos y con el pago de la mano de obra. Ese argumento forma parte de la denuncia que derivó en un acuerdo de reparación integral homologado este martes 24 de febrero por la jueza Mabel Moya.
El imputado se comprometió a devolver $500.000 y restituir un Ford Fiesta a la denunciante, cuya identidad se reserva. Si cumple en el plazo fijado, la acción penal quedará extinguida y el mecánico zafará de tener antecedentes penales.
El conflicto se originó en diciembre de 2024, cuando la mujer acordó con Ibáñez la reparación de su vehículo por $500.000, monto que pagó en dos transferencias realizadas a través del Banco de la Nación Argentina.
El 19 de diciembre el mecánico retiró el auto —que estaba sin motor— y prometió entregarlo en una semana. Sin embargo, el tiempo pasó y el vehículo nunca fue regresado.
Según consta en la denuncia, cuando la mujer se presentó en el taller para exigir explicaciones, Ibáñez le manifestó que el propietario del local había fallecido. En otras ocasiones, le aseguró que estaba por conseguir otro motor o que el rodado aún no estaba listo, brindando distintas versiones sobre la demora.
La denunciante también le había entregado piezas del motor que tenía el anterior mecánico, e incluso el imputado habría mencionado que vendería algunas partes para afrontar gastos.
Ante la falta de respuestas concretas, el 22 de septiembre de 2025 la mujer le envió una carta documento intimando la entrega del vehículo en un plazo de 48 horas, con el patrocinio de la abogada Flavia Funes. Ibáñez se notificó al día siguiente, pero no cumplió.
El 9 de octubre de 2025, la damnificada radicó la denuncia formal en la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Posteriormente, el 4 de diciembre, las partes firmaron un acta acuerdo que ahora fue homologada judicialmente.
En audiencia, la jueza Moya dispuso homologar el acuerdo de reparación integral. Ibáñez deberá: restituir los $500.000 a través de la Oficina de Medidas Alternativas (OMA) del Poder Judicial; entregar el vehículo Ford Fiesta; y devolver todos los accesorios y piezas entregadas para la reparación.
La entrega se realizará en el domicilio del imputado, en el barrio Felipe Cobas, en Caucete, con la presencia de un efectivo de la Comisaría 9ª y un mecánico que acompañe a la denunciante para verificar el estado del rodado.
El plazo para cumplir vence el 6 de marzo. Si Ibáñez concreta la devolución del dinero y el vehículo, la causa penal quedará cerrada. De lo contrario, el proceso por estafa podría reactivarse.