Miguel Arancibia, abogado de Carlos Rudolph y los herederos de José Mattar, aseguró que apelará a la Cámara Federal de Mendoza el rechazo a la demanda por daños y perjuicios que había planteado contra la Universidad Nacional de San Juan, los exrectores Tulio Del Bono y Benjamín Kuchen y las exautoridades Jorge Orellano, Héctor Cevinelli, y Alfredo Russo y Pedro Sarquis. El desistimiento del reclamo indemnizatorio fue realizado por el juez mendocino Pablo Quirós, quien reemplazó al jubilado Miguel Gálvez y a Leopoldo Rago Gallo, quien se excusó por haber intervenido en la causa penal contra los ingenieros.

El abogado demandante señaló que la sentencia es "arbitraria y tendenciosa a favor de la UNSJ. El juez no tomó en cuenta ninguno de los testimonios ofrecidos".

El juez indicó que no se probó "ni la existencia del dolo o culpa en la denuncia" de las autoridades de la UNSJ.

Rudolph y Mattar habían sido denunciados en junio de 1990 por el entonces rector Tulio Del Bono por presuntas irregularidades con fondos en el ámbito universitario. Ambos fueron a juicio y terminaron absueltos en 2008. Con el fallo en la mano, presentaron en 2011 la demanda por un total de 16.679.000 pesos, dado que entendieron que se gestó una maniobra para perjudicarlos, lo que incluyó una falsa denuncia y un hostigamiento, entre otros puntos. Sin embargo, Quirós resolvió que, tras la denuncia del exrector, hubo un procesamiento contra los ingenieros, el cual fue confirmado por la Cámara Federal de Mendoza, lo que demuestra "que los hechos denunciados tenían aptitud suficiente para constituir un delito perseguible de oficio y que los actores se encontrarían involucrados en ellos, al menos, en principio". Todo ello revela que "los demandados no denunciaron hechos inexistentes o falsos", a la vez que resaltó el "deber legal" sobre "los funcionarios de la UNSJ de denunciar los presuntos delitos de los que tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus funciones".

No obstante, Arancibia dijo que "el funcionario puede estar obligado a denunciar, pero, en este caso, la auditoria se realizó con personal amigo de Del Bono, por lo que es inválida. Además, que pueda denunciar no significa hacer toda una campaña de destrucción profesional tanto dentro del país como fuera".