Carlos Fernández Gámez, el prófugo más famoso y mediático en el ‘caso Malaya’, acumulaba diez causas judiciales en su contra cuando decidió fugarse de España, a finales de junio de 2006, con destino final en Argentina, país donde vivió plácidamente sin que nadie le molestara, hasta el pasado 15 de septiembre cuando fue detenido por la Policía Federal en su casa de Rivadavia.

Ahora, jueces y fiscales españoles analizan cuántas de estas causas han prescrito, en el marco de la batalla legal contra la defensa del fugitivo, que alega prescripción en todas ellas.

Fue el extitular del Juzgado de Instrucción 5 de Marbella Miguel Ángel Torres, entonces instructor del ‘caso Malaya’, quien plasmó en el folio 85 del auto de procesamiento, dictado en julio de 2007, todas la causas en las que el exconcejal del GIL (1991-1998) y Partido Andalucista (1999-2005) figuraba imputado.

Concretamente fue en diciembre de 2005 cuando el ahora detenido decidió renunciar a su acta de edil tras la condena de dos años de prisión por malversación de caudales públicos que le impuso la Audiencia de Málaga en el ‘caso jugadores’ del equipo de fútbol Unión Deportiva San Pedro. 

La lista de delitos por los que estaba encausado Fernández cuando decidió cruzar el Atlántico y llegar hasta Argentina es variada: malversación de caudales públicos, prevaricación, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística (delitos urbanísticos), fraude y falsedad. También pesaba contra él otra causa, conocida como ‘caso de la trama del PA’ que destapó el diario El Mundo en septiembre de 2005, por presuntas coacciones a trabajadores municipales, así como prevaricación. Su hermano Antonio, abogado de profesión y su lugarteniente en las filas andalucistas fueron absueltos. El fiscal de la Sala dijo que en toda su carrera profesional nunca había visto que la mayoría de los testigos que incriminaban y sustentaban la acusación, durante la instrucción, se retractaran en la vista oral.

Con el horizonte penal que le aguardaba, sin contar el ‘caso Malaya’, por el que con toda probabilidad hubiera ingresado en prisión preventiva como el resto de los exediles de su partido, el PA, Fernández no se lo pensó dos veces y huyó.  Quienes fueron sus fieles compañeros de partido como concejales andalucistas: Pedro Pérez ‘Chotis’ y María José Lanzat fueron encarcelados para cumplir su condena de prisión por haber sido hallados culpables del delito de cohecho (recibieron sobornos del cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, ex asesor urbanístico).

Aunque la mujer de Carlos Fernández presuma de que “no robó, porque no está probado”, él con toda probabilidad hubiera seguido el mismo camino de la cárcel. De hecho, habría percibido un monto que se elevaba hasta más de 150.000 euros, en algunos casos se ha hablado del doble. Como teniente de alcalde y líder municipal del PA cobraba más en mordidas que sus otros dos compañeros de siglas, siempre según la confesión de Roca ante el tribunal de la Audiencia de Málaga.

Fuente: Marbella Confidencial