La Cámara de Diputados aprobó ayer, por unanimidad, una ley que regula los honorarios para los abogados, dado que la actual había quedado desactualizada debido a que cuenta con 64 años de antigüedad. El cambio es sustancial, al punto que fija una unidad de referencia (que hoy está en 20 mil pesos) para todas las instancias de un proceso judicial, la que deberá ser tenida en cuenta por los jueces a la hora de dictar una sentencia y regular el desempeño de los profesionales. Además, establece que dicho valor sufrirá actualizaciones "cuando se incrementen las remuneraciones o haberes totales asignados al cargo de juez de primera instancia, en la misma proporción", por lo que tendrá incrementos, en principio, en la misma medida que los aumentos que disponga el Estado. El monto fijado es mayor al que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha determinado para el mismo parámetro en el fuero federal (19.338 pesos), por lo que los letrados que se desempeñan en el fuero local tendrán mayor remuneración que si realizan trámites en la Justicia Federal. Incluso, por una causa penal, a un abogado del ámbito local le podrán regular casi 1.900.000 pesos, mientras que, en el federal, es cercano a 1.800.000 pesos.

El cambio en la ley de honorarios era un reclamo por parte de los abogados nucleados en el Foro, al punto que el planteo original se comenzó a discutir en 2019. Así, formularon un proyecto de ley que presentó la diputada justicialista Celina Ramella en 2021, con la esperanza de que se tratara ese año. Como no ocurrió, trasladaron sus expectativas al año pasado, pero el proyecto no avanzó, ya que quedó en discusión dentro de la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y la de Justicia y Seguridad. Incluso, en la última sesión de 2022, hubo un reclamo de un sector de letrados que llegaron a la puerta de la Legislatura y solicitaron la sanción de la norma y, ahí, se enteraron que el proyecto ni siquiera había tenido despacho de comisión. Durante este periodo, la propuesta avanzó y la modificación fue defendida por la diputada Ramella, titular de la Comisión de Justicia y Seguridad.

Un punto clave de la ley fue el monto por el que se definió la Unidad de Medida Arancelaria (UMA), la que quedó establecida en 20 mil pesos. Según la norma, los honorarios que fije un juez por la participación de un profesional en un proceso deberán estar determinados en UMAs. El proyecto original establecía que el valor de dicho parámetro debía ser el 2 por ciento de sueldo, por todo concepto, de un juez de primera instancia con 20 años de antigüedad. Según indicaron fuentes calificadas, ese valor hoy asciende a 30 mil pesos, por lo que el monto por el que se sancionó la ley es menor al que se había previsto en un principio. Ramella explicó que los 20 mil pesos surgieron de "una decisión legislativa, de no atar el monto a la remuneración de un juez. Por eso se fijó en 20 mil pesos. El valor original era, a principio de año, de 10 mil pesos, pero, por el avance de la inflación, se subió a 15 mil y, finalmente, quedó en ese monto con la misma actualización que tengan los sueldos de los jueces". Además, la legisladora confirmó que se trata de una remuneración "superior a la de la Justicia Federal" por lo que es "beneficiosa".

Por otro lado, la norma aclara qué honorarios se deben regular "sobre los procesos sin contenidos económicos". Ramella explicó que, "en esos procesos, no se tenían una base de regulación y cada juez regulaba honorarios de acuerdo a su criterio". Uno de esos procesos es el penal. Así, la ley establece, por ejemplo, que el debate de juicio oral y la determinación de la pena se fija en 10 UMA (200.000 pesos), mientras que el control de acusación en 4 UMA (80 mil pesos). En esa línea, un proceso completo, con las principales etapas (más de 90 UMAs), asciende a 1.840.000 pesos.