Este lunes comenzaron a regir importantes cambios en el Ministerio Público Fiscal (MPF), a partir de las designaciones impulsadas por el fiscal general Guillermo Baigorrí, que incluyeron traslados de fiscales y la reconfiguración de unidades clave.
Según comentaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO, uno de los movimientos más relevantes fue el regreso del fiscal Francisco Pizarro a la UFI Delitos Especiales, unidad donde dio sus primeros pasos como fiscal ayudante y en la que luego fue designado fiscal titular por la Cámara de Diputados. Pizarro venía desempeñándose en la UFI Genérica y, con esta decisión, volvió a quedar bajo la órbita de los fiscales coordinadores Iván Grassi y Francisco Micheltorena.
En paralelo, el fiscal Adrián Riveros fue trasladado a la UFI Genérica, ocupando el lugar que dejó vacante Pizarro. De esta manera, Riveros pasó a integrar el equipo que conducen los fiscales coordinadores Ignacio Achem y Daniela Pringles.
La UFI Delitos Especiales es la encargada de investigar los hechos de mayor gravedad, como homicidios y causas de alto impacto institucional, especialmente aquellas que involucran a funcionarios públicos. En cambio, la UFI Genérica aborda delitos de menor escala, entre ellos grescas, lesiones leves, amenazas o extorsiones.
Riveros llega a esta unidad tras la reciente disolución de la Unidad de Soluciones Alternativas (USA), una estructura creada durante la gestión de Eduardo Quattropani y eliminada por Baigorrí a poco más de un mes de haber asumido como fiscal general.
Riveros supo ser uno de los primeros fiscales cuando nació Flagrancia, el paso previo a la implementación del Sistema Acusatorio por completo, que pone a los fiscales como los propulsores de la investigación de los delitos y de la acusación contra los sospechosos de cometerlos. Luego estuvo como coordinador de la UFI Delitos Especiales hasta su paso a la USA.
Según explicó Baigorrí en la resolución N° 5442, la decisión de disolver la USA respondió a un análisis exhaustivo de su funcionamiento, que concluyó que la unidad no logró cumplir eficazmente con los objetivos para los cuales fue creada. Entre los argumentos se mencionó el desgaste procesal y temporal, la dispersión de esfuerzos y la pérdida de eficiencia al tramitar legajos por fuera de la UFI de origen.
Desde febrero de 2026, las soluciones alternativas volverán a ser gestionadas directamente por las unidades fiscales, con el objetivo de optimizar recursos y acelerar los procesos.
En ese marco, el personal de la USA fue redistribuido en áreas consideradas críticas. Las fiscales ayudantes Silvia Martín y Verónica Mattar, que trabajaban con Riveros, fueron asignadas a CAVIG y a Delitos Informáticos y Estafas, unidades dedicadas a la investigación de violencia intrafamiliar y de género, y de fraudes y estafas digitales, respectivamente. El resto de los trabajadores administrativos se desempeñarán en sus nuevos roles en las otras UFIs a partir de febrero de 2026.
Estos cambios se inscriben en una revisión profunda del esquema heredado por Baigorrí, quien también dejó sin efecto directrices impuestas por su antecesor que habían generado tensiones con la Corte de Justicia, especialmente en torno al manejo de pruebas periciales y la intervención del Complejo Científico Forense.
Los movimientos recientes marcan el inicio de una nueva etapa en el MPF, con una estructura más concentrada en las unidades operativas y una mayor sintonía con el resto del Poder Judicial.