El Gobierno nacional redefinió sus prioridades legislativas y apunta a que el Congreso trate durante agosto la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, una iniciativa que considera clave para consolidar su programa económico. En cambio, el proyecto inspirado en el mecanismo de "shutdown" de Estados Unidos fue postergado ante la falta de respaldo político y la complejidad que implica su implementación.
En la Casa Rosada reconocen que la propuesta para limitar el gasto público aún no cuenta con un texto definitivo y que, en el escenario actual, tiene escasas posibilidades de prosperar. La evaluación oficial es que no existen los consensos necesarios entre los bloques aliados para avanzar con una reforma de ese alcance.
Inicialmente, el "shutdown" formaba parte del paquete de reformas económicas e institucionales impulsado por el presidente Javier Milei. La iniciativa buscaba impedir que el Estado realizara gastos por fuera del Presupuesto y contemplaba la paralización parcial de áreas no esenciales si el Congreso no autorizaba los fondos necesarios para su funcionamiento.
Sin embargo, en Balcarce 50 consideran que el proyecto abre una serie de discusiones jurídicas, políticas y administrativas que dificultan su tratamiento. Entre ellas aparecen la definición de qué organismos deberían quedar exceptuados, cómo garantizar la continuidad de los servicios esenciales y cuál sería el rol del Congreso para evitar una eventual parálisis del Estado con impacto social e institucional.
La reforma del Banco Central, el objetivo inmediato
Mientras el proyecto de "shutdown" pierde impulso, el Ejecutivo decidió concentrar sus esfuerzos en la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, con la intención de llevarla al recinto durante agosto y convertirla en una de las principales banderas económicas del segundo semestre, junto con la reforma electoral.
En el oficialismo sostienen que esta iniciativa tiene un mayor nivel de desarrollo técnico y político. El objetivo principal es fortalecer la independencia del Banco Central respecto del Poder Ejecutivo y limitar o prohibir el financiamiento del Tesoro mediante emisión monetaria, tanto de forma directa como indirecta.
La propuesta también establece que la preservación del valor de la moneda sea el mandato central del organismo. Además, contempla revisar los mecanismos que históricamente permitieron asistir financieramente al Estado, como los adelantos transitorios, las transferencias de utilidades, las Letras Intransferibles y la compra de deuda pública cuando funcione como una forma de financiamiento del déficit.
Otro de los puntos que analiza el Gobierno es endurecer las reglas de funcionamiento del Banco Central. Para ello, estudia incorporar mayores exigencias para la remoción del presidente y del directorio, además de establecer un régimen de responsabilidades y sanciones para los funcionarios que habiliten mecanismos de financiamiento monetario del déficit fiscal.
Con este cambio de estrategia, la Casa Rosada apuesta a avanzar primero con las reformas que considera más viables desde el punto de vista legislativo, mientras deja para una etapa posterior el debate sobre el proyecto de "shutdown", que ya proyecta discutir después de las elecciones si logra ampliar su respaldo parlamentario.