Por primera vez, el Poder Judicial de San Juan cerró un año con un balance institucional que no sólo enumera estadísticas, sino que expone las variadas transformaciones en la forma de gestionar de manera cotidiana justicia. Digitalización, inteligencia artificial, mediación como política pública y un giro inédito en la conducción marcaron el 2025 bajo la presidencia de Adriana García Nieto.
El informe, titulado Acciones Destacadas 2025, sintetizó los cambios de la Justicia sanjuanina: menos papel, más tecnología y una justicia orientada a la resolución temprana de conflictos. Pero, además, introdujo una decisión política que rompió con la tradición de la Corte: cada oficina, juzgado y organismo escribió su propio balance y proyección, dejando atrás el viejo anuario confeccionado exclusivamente desde Presidencia.
Uno de los ejes centrales del año fue la incorporación sistemática de inteligencia artificial en procesos administrativos y jurisdiccionales. La Dirección de Informática desplegó JusticIA, una plataforma integradora que ya permite anonimizaciones automáticas, transcripción de audios judiciales, resúmenes de expedientes y asistentes jurídicos, siempre bajo supervisión humana.
A esto se sumó la expansión del expediente electrónico SAE en fueros sensibles como Familia, Niñez y Adolescencia, Paz y Comercial, con impacto directo en la reducción de tiempos procesales y en la despapelización del sistema. En paralelo, se avanzó en subastas electrónicas, botón de pago propio y tableros de control de gestión basados en datos.
De acuerdo al informes, de 127 páginas, la otra gran apuesta del Poder Judicial fue profundizar la mediación como herramienta para descomprimir juzgados. Durante 2025, el Centro Judicial de Mediación recibió 6.606 causas y realizó 7.983 audiencias, combinando instancias presenciales y virtuales. En los fueros de Familia y Laboral se alcanzaron altos niveles de acuerdos, reduciendo litigiosidad y tiempos de resolución.
La implementación de notificaciones por WhatsApp, avaladas por acordada, consolidó la despapelización y agilizó los trámites, mientras que para 2026 se proyecta la mediación previa obligatoria y la incorporación de equipos técnicos interdisciplinarios.
El proceso de modernización no se limitó a los expedientes. Áreas como Personal y Recursos Humanos avanzaron en la digitalización total de licencias, asistencia y legajos a través de la plataforma Mi Legajo, incorporando incluso el tratamiento específico de licencias por salud mental mediante juntas médicas y entrevistas remotas.
En el Archivo Judicial se aceleró el escaneo de documentos históricos y la migración a soportes digitales, mientras que la Dirección Administrativa comenzó a probar el SAE Administrativo para eliminar el expediente papel en la gestión interna.
Más allá de la tecnología, el dato fue la decisión de García Nieto de “ceder” la voz institucional. El informe no fue redactado por Presidencia ni unificado bajo una mirada única, sino construido por cada dependencia del Poder Judicial, que definió qué mostrar, qué medir y qué proyectar para este 2026.