Es el tema del que habla el mundo de la minería en San Juan. El gobernador Marcelo Orrego puso en el tapete la necesidad de reglamentar la Ley de Glaciares para dar certidumbre a los inversores mineros luego de años de debate abierto. El mandatario provincial llevó un borrador con el decreto de reglamentación a la reunión con la dupla de afiles de Javier Milei para el entendimiento con los provincias: el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Qué propone la Provincia y qué piensa la administración libertaria: las dos vías para apurar el desembarco de inversiones mineras.
Luego de la reunión del lunes en la Casa Rosada, el gobernador Orrego reveló la agenda que tocó los funcionarios de Milei con foco en la minería. “El mundo sabe que hoy hay seguridad fiscal, estabilidad fiscal y seguridad jurídica. Se sacó el cepo al dólar y se implementó el RIGI que vino a mejorar la ley de inversiones mineras y eso nos da enormes posibilidades”, dijo ante los medios de comunicación. Asimismo, señaló: “Es necesario terminar de concluir con este circuito y eso tiene que ver con lo que será en el tiempo con el decreto reglamentario de la Ley de Glaciares o una nueva ley que vaya al Congreso de la Nación estableciendo que sean las provincias la autoridad de aplicación para determinar lo que es un glaciar y un periglaciar”.
El sanjuanino expresó lo que habían hablado con los ministros libertarios. El Gobierno local acercó la alternativa de reglamentación y los funcionarios deslizaron la posibilidad de una “ley aclaratoria” que permita a las provincias definir qué es un glaciar y, con base en eso, permitir -o no- la ejecución de actividades industriales en las zonas limítrofes. Son las dos opciones que tiene en mente en el Ejecutivo nacional para acelerar las inversiones mineras en San Juan. Naturalmente, la gestión de Orrego, de acuerdo a fuentes oficiales que hablaron con DIARIO DE CUYO, ve con buenos ojos la reglamentación como una solución expedita a un problema longevo, siempre con la idea de proteger el espíritu y el objeto de la Ley Nacional de Glaciares (N°26.639), es decir, cuidar el recurso hídrico.
Para San Juan, la discusión respecto a la ley es fundamental porque tiene proyectos mineros en fase de construcción. Es diferente a otras provincias como Mendoza, cuyos emprendimientos todavía no están en las mismas condiciones, o los distritos de la Patagonia, donde la explotación de recursos se hace sobre la meseta patagónica. Por eso, Orrego insiste desde hace un año y medio con la reglamentación. La razón reside en los grises de la actual normativa. Según las fuentes del orreguismo, en la letra chica de la ley “no está resuelta la facultad de las provincias. Hay que ordenarlo. Tiene definiciones que requieren clarificarse”. En ese sentido, manifestaron que “la postura de San Juan es reglamentar y ordenar la interpretación, clarificar mediante un decreto y ordenar las competencias nacionales y provinciales”.
El empresariado minero, tanto extranjero como nacional, coincide con la postura del Gobierno de Orrego. ¿Por qué? Simple: la certidumbre para concretar las inversiones. Las firmas multinaciones no están dispuestas a desembolsar fondos millonarios para más tarde toparse con algún tipo de glaciar cuya naturaleza no está clarificada y que pueda decantar en acciones legales en su contra. Los datos del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianigla) reflejan que San Juan tiene 4.572 glaciares. Es una cantidad significativamente diferente a las estadísticas que maneja el Inventario Nacional de Glaciares, que estipula que existen 825 “áreas cubiertas de hielo”, que incluye glaciares cubiertos, glaciares descubiertos, glaciares de escombros y hasta manchones de nieve. En otras palabras, incluso hay discrepancias en términos numéricos.
Ergo, el Gobierno sanjuanino busca que la reglamentación eche luz sobre las facultades de las provincias, cantidades de glaciares y, fundamentalmente, sobre los tipos de glaciares y la zona de periglaciar. En otras palabras, que haya definiciones científicas que no sean ambiguas. “La ley tal cual está redactada le resta a las provincias facultades constitucionales a la hora de evaluar los proyectos. No distingue a un glaciar activo de un glaciar de roca. Hay falta de claridad. Ninguna provincia puede siquiera evaluar si hay un proyecto que tiene un glaciar”, afirmaron las fuentes, que remarcaron que la reglamentación de la normativa no va en contra de la protección de los glaciares que tienen relevancia hídrica, sino que busca diferenciar cuáles son los que tienen significancia hídrica de aquellos que no aportan agua a las cuencas.
¿Cuál es la diferencia con la otra vía que propone el Gobierno de La Libertad Avanza? Sencillamente, la alternativa sanjuanina es trabajar con la ley existente, pero reglada. En cambio, la administración libertaria, con el ministro de la Desregulación del Estado, Federico Sturzenegger a la cabeza, piensa en la “ley aclaratoria” como una manera de regresar la facultad de decisión a las provincias y que definan qué tipos de glaciares preservar y qué es un periglaciar. ¿Es una buena o una mala idea? En San Juan la prioridad de una “resolución inmediata” para dar un marco de certeza a los inversores mineros. Sobre todo porque la opción de Milei es rediscutir el tema en el Congreso, un paso que los sanjuaninos ya dieron cuando otorgaron licencia social a la minería.
El Gobierno nacional evalúa ingresar esa “aclaratoria” en sesiones extraordinarias. De acuerdo al diario La Nación, en febrero, la gestión de La Libertad Avanza “apuntará a tratar la serie de reformas que la administración de Javier Milei tiene en carpeta. Allí también se tratarían a la modificaciones a la Ley de Glaciares”. “Para el trabajo en ese segundo mes del próximo año está previsto incluir buena parte de las reformas que impulsa el Gobierno: la laboral, la tributaria, la modificación de Código Penal y Glaciares”, especificaron en el diario de alcance nacional. En tanto, fuentes calificadas de cercanía con la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, aseguraron a DIARIO DE CUYO que “la semana que viene habrá definiciones”.
En caso de un debate en el Congreso, el bloque libertario siente que tiene la fuerza para encarar la medida aclaratoria. Tienen confianza en el número de diputados que ingresará después del 10 de diciembre tras el resultado de las elecciones nacionales legislativas del 26 de octubre, que mostraron el triunfo de La Libertad Avanza en los principales distritos del país y que, en la sumatoria nacional, sacó el 40% de los votos. En San Juan, son cautos. Principalmente para no reavivar viejas tensiones sociales.
Glaciares y ambiente periglacial: qué los diferencia y por qué importa
El ambiente glacial está compuesto íntegramente por hielo y constituye una fuente directa de agua, motivo por el cual debe ser protegido como un recurso hídrico estratégico. Estas geoformas, incluidas en el Inventario Nacional de Glaciares, poseen “significancia hídrica”, es decir, aportan agua a las cuencas y son esenciales para el equilibrio ambiental.
En cambio, el ambiente periglacial comprende geoformas con presencia de hielo, pero no formadas completamente por él. En este caso, los llamados glaciares de escombros, también protegidos por la Ley 26.639, son acumulaciones de detritos mezclados con hielo por infiltración de agua. Sin embargo, no aportan agua a las cuencas y, por lo tanto, carecen de significancia hídrica. Para determinarlo, se requieren estudios técnicos de tercer nivel, que incluyen perforaciones e instrumentación geofísica.
El Inventario Nacional de Glaciares distingue entre glaciares de escombros activos, que aún se mueven y conservan mayor cantidad de hielo, y glaciares de escombros inactivos, con menor contenido de hielo y sin movimiento.