En los últimos 8 años se realizaron cerca de 1.500 denuncias ante el Registro Nacional de empresas y trabajadores de Control de Admisión y Permanencia (RENCAP). Luego, el número de denuncias descendió con el correr de los años (alcanzó su máximo en 2011), el Registro las sigue recopilando (vía web o por teléfono) para hacer un seguimiento de la situación. 

En San Juan, de acuerdo a este inventario, los números no son para nada positivos: 7 de cada 10.000 habitantes realizaron la denuncia correspondiente. Es decir, está entre las provincias que, en promedio, tienen mayor candidad de acusaciones a nivel nacional. Si bien se encuentra debajo de Mendoza (16 cada 10.000) o Buenos Aires (21 cada 10.000), supera ampliamente a provincia como La Pampa, Santiago del Estero, Río Negro, Chaco, Corrientes, Misiones o Santa Cruz, entre otras. 

Qué es el derecho de admisión. Según dice la ley, "es el derecho en virtud del cual la persona titular del establecimiento y/o evento se reserva la atribución de admitir o excluir a terceros de dichos lugares, siempre que la exclusión se fundamente en condiciones objetivas de admisión y permanencia".

Además, el texto aclara que esas condiciones "no deben ser contrarias a los derechos reconocidos en la Constitución Nacional ni suponer un trato discriminatorio o arbitrario para las personas, así como tampoco colocarlas en situaciones de inferioridad o indefensión con respecto a otros concurrentes o espectadores o agraviarlos".

Estadios, clubes, pubs, discotecas, bares, restaurantes y todo otro lugar de entretenimiento de público en general. Todos los eventos públicos que sucedan en esos espacios pueden hacer uso del derecho de admisión y permanencia, según lo establece la ley 26.370, aprobada en 2008.

Sin embargo, para hacer uso de ese derecho, deben cumplirse con varias obligaciones, principalmente enfocadas en el personal que ejecuta el derecho de admisión, o sea que echa a personas de un lugar o, directamente, no las deja pasar. Ante el incumplimiento de estas obligaciones, se pueden realizar denuncias que el RENCAP sigue de cerca.

Qué tipo de discriminación es más frecuente. Según los datos recopilados por el RENCAP, la discriminación por el aspecto físico es el motivo más común en las denuncias, motivo que aparece en 414 casos.

La diferenciación por la vestimenta es la segunda razón más frecuente (215 casos), seguida de la discriminación racial (125).

Qué tipos de violencia son más denunciados. No solo la discriminación puede generar una denuncia, sino también que estas pueden surgir de agresiones de los controladores. La violencia más frecuente fue la verbal, que apareció en 191 casos.

Luego, las agresiones verbal y física estuvieron en mayor cantidad de denuncias (171 casos) y seguidas de solo la violencia física (147). En 9 denuncias se registró violencia sexual.

Dónde hay más denuncias. En la Ciudad de Buenos Aires y en la Provincia, aún si se divide por la cantidad de habitantes de cada distrito. En el primer distrito hubo 1,37 denuncias cada 10.000 habitantes, mientras que en el segundo ese número baja a 0,21.

La Ciudad de Buenos Aires dejó de adherir a la ley nacional en 2013, con lo cual tiene su propia norma. Sin embargo, su último artículo sostiene que "en todo lo que no esté previsto por esta ley se aplicará la Ley Nacional 26370". Por esto, si el RENCAP recibe denuncias de hechos sucedidos en CABA, se las traslada a las autoridades de ese distrito, pero no puede actuar directamente.

Dentro de la Capital, Palermo es el barrio con más denuncias por el mal accionar de estos controladores: hubo 10 denuncias cada 10.000 habitantes. El segundo barrio con tasa de denuncia más alta fue San Telmo, con 4,4 denuncias cada 10.000 habitantes.

¿Todos los patovicas son iguales? La ley nacional reconoce como "controladores" lo que en la calle se nombra como patovicas. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos insisten en la diferenciación, ya que los controladores tienen una formación específica y están sometidos a distintos regímenes según la provincia en la que trabajen. Por ejemplo, en las provincias que adhieren a la ley nacional, los controladores estudian entre 3 y 5 años.

Qué pasa con las denuncias. Estas denuncias pueden derivar en multas a los locales (montos entre $50 y $500 que se multiplican por la capacidad de personas que puede alojar ese negocio) y revocaciones de licencias a los controladores. Esto, claro está, corre solo para los territorios que adhieren a la ley nacional.