El proyecto minero Vicuña, en la cordillera sanjuanina, obtuvo un respaldo clave para avanzar hacia la decisión final de inversión. El Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrege) ratificará en las próximas horas la autorización para ejecutar un ambicioso paquete de obras de infraestructura eléctrica valuado en alrededor de 800 millones de dólares, una condición considerada indispensable para abastecer la demanda energética del emprendimiento y permitir el inicio de su etapa de construcción.
La resolución confirma la postura que el entonces ENRE había adoptado mediante la Resolución 79/2026 y rechaza las objeciones planteadas durante la audiencia pública realizada el pasado 3 de junio. Con este paso, Vicuña conservará la prioridad sobre el 90% de la capacidad incremental que generarán las nuevas obras del sistema de transporte eléctrico, un beneficio que tendrá vigencia durante los 25 años previstos para la vida útil del proyecto.
La definición representa uno de los hitos regulatorios más importantes de los últimos meses para el desarrollo minero de San Juan. La disponibilidad de energía era uno de los factores críticos para que el complejo pueda avanzar hacia la construcción y posterior producción de cobre, en un contexto en el que Vicuña se perfila como el mayor proyecto cuprífero de la Argentina y uno de los más relevantes a nivel mundial.
La inversión contempla la construcción de una nueva línea de extra alta tensión de 500 kV de 167 kilómetros entre Rodeo y Chaparro, la nueva Estación Transformadora Chaparro, la ampliación de las estaciones transformadoras Rodeo y Nueva San Juan, la reconversión de la actual línea Nueva San Juan-Rodeo para que opere en 500 kV en lugar de 132 kV y una nueva línea de 220 kV entre Chaparro y la estación transformadora de Josemaría, esta última fuera del Sistema Argentino de Interconexión (SADI).
Con esa infraestructura, el sistema podrá abastecer una demanda de hasta 260 megavatios que requerirá Josemaría durante la primera etapa del proyecto. Sin esas obras, los estudios técnicos determinaban que no existían las condiciones de capacidad y confiabilidad necesarias para autorizar el suministro eléctrico.
Uno de los aspectos destacados de la resolución es que toda la infraestructura será financiada íntegramente por la empresa minera. Durante la reunión pública del directorio del Enrege, la responsable del área de Análisis Regulatorio y Estudios Especiales, María Cristina Tonnelier, remarcó que se trata de una inversión privada que no tendrá impacto en las tarifas eléctricas.
“Estamos hablando de una inversión de unos 800 millones de dólares en infraestructura eléctrica. Es una inversión privada que no se transfiere a tarifas. Los usuarios no van a pagar nada. Es exclusivamente a costo de la empresa”, explicó la funcionaria en diálogo con Econo Journal.
También confirmó que Transener será la empresa encargada de operar y mantener las nuevas instalaciones una vez finalizadas las obras, además de supervisar su construcción.
La postura que había tomado el EPRE
La autorización había quedado en suspenso luego de las impugnaciones presentadas por distintos organismos y empresas del sector. Durante la audiencia pública objetaron la medida representantes del Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) de San Juan, la Secretaría de Energía de La Rioja y compañías mineras como Barrick, McEwen Copper (Los Azules), Gualcamayo y Casposo, entre otras.
Sin embargo, el Enrege decidió mantener el criterio original. En la resolución sostiene que muchas de las objeciones responden a intereses particulares que buscan beneficiarse de una inversión financiada por un privado o retrasar el desarrollo del sistema de transporte eléctrico nacional.
En el caso del EPRE, el organismo nacional rechazó el planteo al recordar que las líneas de 500 kV forman parte del sistema de transporte eléctrico de jurisdicción federal y, por lo tanto, están reguladas exclusivamente por las leyes nacionales. También descartó el argumento de que la prioridad otorgada a Vicuña afecte el crecimiento futuro de la demanda provincial, al señalar que los estudios realizados por Cammesa demuestran que existe capacidad técnica disponible y que la normativa obliga a otorgar acceso cuando un proyecto reúne las condiciones necesarias.
Además, aclaró que la prioridad concedida no implica una privatización de infraestructura pública, ya que recae únicamente sobre la nueva capacidad creada con fondos de la empresa y no sobre la infraestructura existente.
Otro de los planteos rechazados fue el de la Secretaría de Energía de La Rioja, que pretendía que Vicuña financiara obras adicionales para una futura interconexión de esa provincia con el sistema de 500 kV. El Enrege consideró que exigirle a un desarrollador privado costear infraestructura destinada a proyectos futuros de otra jurisdicción implicaría trasladarle obligaciones que no le corresponden.
La definición despeja uno de los principales condicionantes técnicos que enfrentaba Vicuña. En los últimos meses, el proyecto ya había dado señales concretas de aceleración con la adjudicación de contratos para obras tempranas, la convocatoria de proveedores sanjuaninos mediante rondas de negocios y el avance de los estudios de ingeniería. Con el aval definitivo para la infraestructura eléctrica, la iniciativa suma una pieza clave para encaminar la decisión final de inversión y consolidar el desarrollo del que será uno de los mayores proyectos de cobre del mundo, con fuerte impacto económico para San Juan y para toda la cadena de proveedores mineros de la provincia.
