Este viernes 17 de abril de 2025, una nueva audiencia por Luis Fernando Agüero 260226 volvió a cruzar a las partes por diferencias de criterios con la resolución del caso.
La querella rechazó el acuerdo entre Fiscalía y defensa por la muerte de un motociclista en Chimbas y denunció inconstitucionalidad. El imputado admitió su responsabilidad, pero el juez aún no resuelve.
Jaimes, el conductor apuntado por la tragedia de un motociclista en Chimbas, ocurrida en la Navidad del 2025.
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Este viernes 17 de abril de 2025, una nueva audiencia por Luis Fernando Agüero 260226 volvió a cruzar a las partes por diferencias de criterios con la resolución del caso.
El debate gira en torno al intento de cerrar el caso mediante un juicio abreviado, una salida que fue aceptada por el acusado pero duramente cuestionada por la familia de la víctima.
El imputado, Marcelo Jaime, reconoció ante un juez su responsabilidad en el hecho ocurrido el 25 de diciembre en Chimbas, donde perdió la vida Luis Fernando Agüero. Sin embargo, la posibilidad de sellar el proceso con un acuerdo quedó en suspenso luego de que la querella manifestara su oposición.
El planteo fue escuchado por el juez Gerardo Javier Fernández Caussi, quien decidió pasar a un cuarto intermedio y fijó el 22 de abril como fecha para dar a conocer su resolución.
Durante la audiencia, el fiscal Francisco Nicolía y el defensor José Manuel Beltrán informaron que habían alcanzado un entendimiento con el acusado. En ese marco, Jaime aceptó una pena de tres años de prisión condicional y seis años de inhabilitación para conducir, tras admitir su responsabilidad en un homicidio culposo agravado por conducción imprudente y fuga.
El convenio, sin embargo, fue rechazado por la representación de la familia de la víctima. El abogado querellante, Leonardo Fachinetti, sostuvo que el acuerdo vulnera derechos fundamentales y no garantiza una participación real de las víctimas en el proceso.
Fachinetti fue enfático al calificar el mecanismo como inconstitucional. Argumentó que este tipo de resoluciones generan una desigualdad entre las partes y limitan el derecho de defensa de quienes reclaman justicia por la muerte de un familiar.
Además, cuestionó el rol del juez en estos procedimientos, al considerar que queda reducido a una función meramente formal. En esa línea, también puso en duda un aspecto clave del caso: la autoría del hecho. Según planteó, no está completamente acreditado que Jaime fuera quien conducía la camioneta al momento del impacto.
Desde el Ministerio Público Fiscal rechazaron estos planteos. Nicolía aseguró que la querella fue debidamente informada y que incluso se generaron instancias de diálogo para explicar los fundamentos del acuerdo.
También recordó que algunos pedidos de la familia, como nuevas pericias o el análisis del celular del imputado, ya fueron descartados por el magistrado. El juez entendió que esas medidas no aportarían elementos sustanciales, ya que existe material probatorio suficiente, incluyendo registros del momento del choque.