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Los implicados en el escandaloso caso de estafa contra la AFIP local que buscaban un salvavidas sufrieron un duro revés. La Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza confirmó los procesamientos de diez involucrados, de los cuales, nueve están en la mira por integrar una asociación ilícita que se dedicaba a borrar deudas impositivas que distintas empresas registraban con el Estado nacional y vender facturas truchas. El restante, en cambio, quedó bajo la lupa no por integrar dicha banda sino por haber utilizado “sus servicios”. La causa tiene cuatro involucrados más: dos de ellos no apelaron, mientras que de los otros no trascendió su estrategia defensiva. Lo cierto es que el caso va camino al juicio oral.

La resolución de la Cámara mendocina salió el viernes, pero trascendió ayer. El fallo representa una etapa clave en un proceso que involucra a contadores y empleados de la AFIP, entre otros, que armaron una presunta red delictiva para llevar a cabo una defraudación en las rentas de la Nación, de la que se vieron beneficiados empresarios y comerciantes.

La megacausa se disparó por una denuncia de la AFIP en 2009 y la Justicia Federal logró armar el rompecabezas, en una ardua investigación que incluyó hasta escuchas telefónicas.
Según trascendió, el Tribunal confirmó la resolución contra el contador Cristian Olmos, quien está como coautor del delito de asociación ilícita fiscal, en carácter de jefe u organizador. El otro cabecilla es Daniel Humberto Fornari, cuyo abogado, Gustavo Vila, no apeló el fallo del juez Leopoldo Rago Gallo.

De acuerdo al expediente, la red delictiva manipulaba los registros del organismo recaudador, vendía facturas de empresas fantasmas para evadir tributos y generaba créditos de libre disponibilidad inexistentes. Así, Olmos y Fornari organizaban, repartían y supervisaban el trabajo. 

Dentro de ese esquema, la Cámara confirmó los procesamientos de Julio Andrés Ayala y Raúl Ricardo Peña, quienes vendían facturas truchas. La misma suerte tuvo Luis Alberto Alé, que ofrecía el servicio de borrado de deudas. En otro eslabón de la cadena, a los empleados de la AFIP Manuel Francisco Montivero Miranda, Rubén Darío Falcón y Walter Prividera también les ratificaron su participación en la manipulación del sistema informático. Otro que también sigue implicado como integrante de la banda es César Esteban Vignoli. En el caso del empresario Edmundo Novelli, dueño de franquicias de helados Grido, estaba procesado como miembro de la red delictiva, pero el Tribunal consideró que su accionar no encajaba dentro de dicha estructura, aunque mantuvo su procesamiento por fraude, entre otros delitos, por haber utilizado sus “prestaciones”. Por ese cambio, le revocaron la prisión preventiva y ordenaron la libertad que había pedido su abogado Fernando Rahmé. El último que sufrió un revés fue Fernando Jolivot, que actuaba como captador de clientes (fue vínculo con Novelli). 

Además de Fornari, otro que no apeló fue Héctor Quirós, quien transfería saldos inexistentes de libre disponibilidad. Antonio Ribas y Antonio Monteleone también fueron procesados, pero no trascendió si acudieron a la Cámara o si el Tribunal resolverá su situación en otra tanda. Salvo Vignoli, Ribas, Monteleone y Novelli, el resto sigue detenido, dijeron fuentes judiciales.

Antecedentes

Usinas de facturas truchas

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En 2009 salió a la luz el primer gran caso de evasión impositiva a través de la venta de facturas truchas, conocida como usina de facturas. En ese caso, Francisco Place, Graciela Vega Lecich, Daniel Brisighelli y Roberto Madcur están procesados como organizadores de la presunta asociación ilícita. Como integrantes están implicados Sebastián Fernández de Cieza, Gabriel Prieto Moreno, Celia Sansone, Patricia Madcur, Agustina Brisighelli, Luciana Turcato, Enrique Peña, Pedro Lima y Jorge Aranela. 

Evasión con testaferros

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En marzo, este medio dio a conocer otra causa de usinas de facturas truchas que presuntamente utilizaron los productores vitivinícolas Emilio y Nahim Ahún para evadir impuestos como IVA y Ganancias en una suma que ronda los 3 millones de pesos. El fiscal federal Francisco Maldonado pidió la elevación a juicio del caso, en el que los sospechosos usaron testaferros o para encubrir sus supuestas maniobras. Entre los involucrados, que la AFIP catalogó como insolventes, se encuentran un mecánico, un metalúrgico y hasta un lavacoches.