Un caso inédito en San Juan, que llegó a la Justicia y tuvo una resolución de alto impacto. Un deudor alimentario sanjuanino y reincidente, que debe una elevada suma que alcanza un monto cercano al medio millón de pesos, no podrá salir del país. Hay un reciente antecedente en Buenos Aires donde terminó preso cuando quiso viajar

El hombre (se preserva la identidad para proteger a la de los menores), hace tiempo había renunciado a su trabajo en una reconocida empresa minera local. Habida cuenta de su actitud esquiva para hacerse cargo de las obligaciones alimentarias, la madre de los dos menores entendió que esa fue la finalidad al dejar el trabajo “evadir el pago de la cuota”.

Se le efectuaba el descuento por planilla en el sueldo en un porcentaje elevado, toda vez que abonaba cuota por más de un hijo, el que había sido decretado por un Juzgado de Familia de la provincia.

Como era de esperar, a partir de que renuncia al trabajo no se le pudo realizar más el correspondiente descuento, y tampoco aportó suma alguna de dinero para la manutención de sus hijos, y los dejó sin obra social, aunque ello no le impidió viajar varias veces al exterior a distintos destinos caribeños, explicaron las fuentes del caso.

La madre de los menores debió conseguir otros trabajos, aparte del que desempeñaba en el rubro educativo para poder solventar las necesidades de sus hijos, y poder mantener sus actividades, y pago de colegios.

Ante esta situación, y resultando infructuosas todas las intimaciones en sede Civil, le iniciaron acciones penales por el incumplimiento manifiesto y reiterado de su obligación alimentaria. El juzgado Penal hizo lugar al pedido de captura internacional, enviando orden a la Oficina Nacional de Interpol en Buenos Aires (Policia Federal Argentina) a los fines de que sea detenido en el caso que intente salir del país.

También se notificó a Dirección Nacional de Migraciones, para que no pueda renovar el pasaporte si no acredita estar al día con el pago de la cuota. Todo esto sin perjuicio de su anotación en el Registro de Deudores Alimentarios que ya está funcionando desde hace tiempo en la Provincia, dentro de la órbita de la Corte Suprema de Justicia Provincial, según señaló la abogada de la madre de los menores, Vanesa Débora Mestre.